Algunas ideas sobre Teoría del Derecho y de su interpretación

Lic. Juan Pablo Gramajo Castro

Uno de los postulados fundamentales de la doctrina del positivismo jurídico es que la norma jurídica es producto de la voluntad unitaria y uniforme de “el legislador”, de donde se sigue que el ordenamiento jurídico es coherente y pleno, pues la voluntad legislativa no podría contener contradicciones y, ante una aparente laguna normativa, es posible indagar la voluntad del legislador, explícita o implícita, expresa o presunta, mediante la integración analógica, extrayendo cómo habría “el legislador” normado la situación no prevista. De tal manera, se admite únicamente la denominada auto-integración del Derecho (entendido restrictivamente como norma legislada).

Se trata de una postura radical que, no obstante estar superada desde hace tiempo por el pensamiento jurídico, a veces se sigue enseñando en nuestros días de forma acrítica en algunos centros de estudio (e influyendo en la vida forense). Por eso, como cualquier teoría, debe ponerse a prueba en su confrontación con la realidad.

A tal efecto, es interesante mencionar brevemente algunos ejemplos de normas de nuestro Código Civil que suscitan dudas en su intelección y aplicación las cuales, en mi opinión, no pueden resolverse satisfactoriamente con la teoría de la voluntad del legislador:

 

  • Art. 9, segundo párrafo: si se menciona “incapacidad absoluta”, ¿el uso de “anulados” debe entenderse en el sentido de que la incapacidad antes de la declaratoria produce nulidad relativa (anulabilidad) y no absoluta? No parece razonable si se trata de una eadem ratio. En cambio, si se tiene presente que la norma procede de los arts. 43 del Código de 1877 y 12 del Código de 1933, y que dichos Códigos no hacían la distinción entre nulidad absoluta y relativa que sí hace el actual (1963), es fácil ver que se tomó la redacción sin prever la posible duda interpretativa.

 

  • Art. 72: tiene sus antecedentes en los arts. 111 del Código de 1877 y 70 del Código de 1933. Dichos Códigos establecían una definición legal de “posesión civil” como aquella que se tiene por ministerio de la ley aún sin existir aprehensión del bien (art. 516 del Código de 1877, y 479 del de 1933). El Código actual modificó su concepto legal de la posesión (art. 612), y no regula la “posesión civil”. En consecuencia, la norma del art. 72 no hace sentido sin referencia a su origen, y de su incomprensión en el contexto del Código actual han derivado sentencias que desprotegen el supuesto jurídico que buscaba tutelar.

 

  • Art. 454: los Códigos de 1877 (art. 507) y de 1933 (art. 378) definían los bienes fungibles confundiéndolos con los consumibles. El Código actual corrigió ese error en su art. 454, pero al parecer no lo tuvo presente al regular ciertos contratos en los que el carácter fungible o consumible del bien objeto es relevante o esencial: por ejemplo, los bienes fungibles no pueden ser objeto de arrendamiento (art. 1880) ni de comodato (art. 1957), pero son el objeto por esencia del mutuo (art. 1942). Tanto en el comodato como en el arrendamiento, debe restituirse la misma cosa luego de utilizarse, por lo que en ese caso debe entenderse que al hablar de que su objeto lo constituyen “bienes no fungibles”, en realidad quiere decirse “bienes no consumibles”, ya que el hecho de poder sustituir la cosa por otra igual (fungibilidad) en principio es irrelevante cuando es la misma cosa la que debe devolverse al finalizar el contrato; en cambio, el hecho de que no sea consumible sí afecta a la esencia del contrato, puesto que en tal caso ya no podría devolverse la misma cosa al haber ésta cesado de existir. Esto se confirma al observar que el art. 1880 tiene como antecedente el 1667 del Código de 1877, en que sí es claro que la idea es que el objeto del arrendamiento (locación y conducción) no sea consumible (bona quae usu tolluntur). El art. 1957 tiene su antecedente en el 1927 del Código de 1877, en el que se usa la palabra “funjible” pero con relación a la definición de su propio art. 507, que lo define realmente como consumible. Ciertamente, la autonomía de la voluntad implica que se puedan celebrar “arrendamientos” o “comodatos” sobre bienes fungibles, pero en un estricto sentido conceptual serán contratos atípicos asimilables a las figuras típicas mencionadas.

 

  • Art. 1748: recoge lo dispuesto por el 1791 del Código de 1877, por lo que a la luz de lo antes expuesto, las menciones en dicha norma de bienes fungibles realmente deberían entenderse como de bienes consumibles.

 

  • En la práctica notarial sobre donaciones entre vivos no es infrecuente encontrar cláusulas que ya no hacen sentido a la luz del Código actual, pero sí lo tenían en el contexto del Código de 1877 (arts. 711 y 712), el cual establecía límites a la cantidad de bienes que se podía donar.

 

  • Art. 1984: también debe entenderse que se refiere a bienes consumibles, pues contraponer las “cosas fungibles” a aquellas “que no perecen con el primer uso” no hace sentido en la conceptualización del Código actual.

 

Estos son algunos ejemplos muy puntuales de normas específicas que ponen en evidencia que la intelección de la ley no puede partir del mito de “el legislador” omnisciente y omnipotente, pues se trata de anomalías surgidas en el proceso de elaboración de la norma que, de no esclarecerse a la luz de sus antecedentes legislativos e históricos, y exposición doctrinaria, hacen inviable una aplicación rigurosamente intrasistemática de la normativa, similar a como una variable mal definida puede botar el funcionamiento de un programa informático.

Es de valor recordar que los mismos redactores de nuestros Códigos patrios jamás pretendieron atribuirse el carácter prácticamente divino que el positivismo jurídico obsequia a “el legislador”:

Lorenzo Montúfar, José Salazar, Valero Pujol y Carlos F. Murga concluían de esta forma su Informe y Exposición de Motivos del Código Civil de 1877: “La Comision, como antes dijo no pretende presentar una obra perfecta; pero si haber dado un paso hácia la mejora y perfeccion. […] La Comision confia en que la juventud, grata esperanza de la pátria, enmendará los defectos en que se ha incurrido y se promete que al hacerlo y antes de pronunciar un juicio severo, acerca de los individuos que suscriben, no olvide el vehemente deseo del bien que los anima, los errores que deja el pasado y la falibilidad inherente á la naturaleza humana.”1

Marcial G. Salas, José Mariano Trabanino, J. León Samayoa, Rafael Piñol Batres, F. Hernández de León, en la Exposición de Motivos del Código Civil de 1933, expresaron: “Hemos puesto en la tarea que se nos encomendó la mejor voluntad y un escrupuloso cuidado; y si no obstante, adolece de errores, se debe a lo complejo, extenso y difícil de la obra (…).”2

Por su parte, Federico O. Salazar, en nombre de la Comisión redactora del Código Civil de 1963, cierra su Exposición de Motivos afirmando: “A pesar de la detallada revisión que hizo la ilustrada Comisión nombrada al efecto, no dudamos que aparecerán errores y preceptos incongruentes, pero la experiencia en la aplicación del Código irá indicando las reformas o modificaciones que convenga introducir.”

Una teoría jurídica más acorde a la realidad debe conducirnos a un estudio más detallado y profundo, y de mejor calidad, del Derecho Guatemalteco en todas sus manifestaciones, áreas, y disciplinas. Sólo así podrá edificarse una auténtica ciencia jurídica nacional que aporte al mejoramiento de la jurisprudencia y la legislación del país, más allá de importaciones acríticas de doctrinas extranjeras, o falsas y superadas.

———-

1 Informe de la Comision codificadora al Señor Presidente de la Republica. Código Civil de la República de Guatemala, 1877. Imprenta de “El Progreso”. Págs. LXXXI y LXXXII. Se conserva la ortografía del original de la época.

 

2 Exposición de Motivos del Código Civil de 1933, en Diario de las Sesiones de la Asamblea Legislativa de la República de Guatemala. Tomo XI. Número 26. 13 de mayo de 1933. Pág. 382. 


Ver más temas sobre Tópicos Jurídicos

Grandes Juristas del Siglo XX

Alfred Verdross

Verdroß nació en Innsbruck el 22 de febrero de 1890. Su padre fue un destacado militar, capitán en el Regimiento Imperial de Cazadores, a quien en la ciudad se le dedicó una plaza.

Lea más

UFM 40 años
© 2008 Universidad Francisco Marroquín
webmaster@ufm.edu
Universidad Francisco Marroquín
Facultad de Derecho
Calle Manuel F. Ayau (6 Calle final), zona 10
Edificio Académico, D-608
Guatemala, Guatemala 01010
Teléfono: (+502) 2338-7756 / 7
Fax: (+502) 2361-1241
derecho@ufm.edu