Qué se entiende por el Bien Común

Dentro de la actual problemática jurídica, surge la necesidad de una correcta interpretación de los conceptos, ya que el mismo desarrollo de la sociedad ha permitido una libertad de interpretación que en ciertos casos radica en lo contradictorio. Aparentemente, el concepto del Bien Común aparece como algo sencillo. Sin embargo, posiblemente con buenas intenciones mas no con propiedad, éste concepto se ha convertido en un arma que trata de anular o destruir la realización del bien singular o bien hacer creer que el bien singular y el bien común son antinomias reales, y esto no es, ni nunca será así.

El fin o valor primordial de Derecho es la realización de la justicia. Tanto Aristóteles como Santo Tomas de Aquino consideran que existen tres clases de justicia: la legal, la distributiva y la conmutativa. La justicia legal siendo la proporción entre las acciones y el bien común, es decir que incluye aquello en lo cual pudiera considerarse que el individuo debe a la comunidad como algo propio de ésta. La justicia conmutativa se refiere particularmente a la proporción de las relaciones entre los individuos dando a cada cual lo suyo; es decir, la justicia conmutativa persigue el bien particular. La justicia distributiva es la que regula la proporción entre la comunidad de los individuos con respecto a la repartición por aquella de las cargas y beneficios.

Siguiendo pues el pensamiento Aristotélico -Tomista, estos tres conceptos básicos de la justicia es de donde se originan los ordenamientos jurídicos: la Justicia conmutativa origina el Derecho Privado, La justicia distributiva origina el derecho público y la Justicia Legal supone el ordenamiento jurídico dentro del Estado, es decir la norma como función ordenadora de la vida jurídica del Estado. La ley positiva surge como derivación del derecho nacional. La ley positiva no puede quedar al arbitrio, a la discreción, a la voluntad omnímoda del legislador; porque la obra del legislador debe estar siempre subordinada a la ley natural, el derecho natural manda en el legislador, y lo que manda es que con la ley positiva realice el “Bien Común”.

Se afirma que siendo el objeto del derecho la realización de un sistema de convivencia dentro del cual todos los elementos que forman parte de la sociedad hagan posible su propio desenvolvimiento y aún mas, el crecimiento de los grupos sociales que se integran dentro de la sociedad, entonces toda ley que se encamine a la realización de éstos fines o propósitos cumple a la realización del bien común y por consiguiente se encuentran conectados los dos elementos que deben figurar dentro de este binomio esencial, es decir, el acto que emana directamente de la voluntad del legislador y el objetivo finalista teleológico que es la realización del bien común.

En la justicia conmutativa (entendiendo en su concepto literal la palabra conmutar: dar para recibir, recibir para dar) existe una relación recíproca. En ésta justicia se realiza la consecución del bien singular. Cuando una persona vende una cosa y recibe el precio acordado, el comprador se beneficia con la adquisición del bien y el vendedor se favorece con recibir el precio. Se ha realizado perfectamente la conmutación. Todo el sistema del derecho privado que regula los contratos está basado en la justicia conmutativa. Pero, los bienes que se están intercambiando son bienes puramente singulares, aún cuando puedan tener una proyección social.

Distinta consideración ha de tenerse cuando se realizan las acciones comunes, es decir, la medida que tiende a lograr el bien común, puede ser en determinados casos la suma de los bienes de muchos individuos como cuando se realiza una obra de mejoramiento de la ciudad, la construcción de drenajes, las calles, el combate a enfermedades. Todas estas medidas que tienen su partida y dimanan de la ley, van consiguiendo el objetivo general o sea lo que llamamos el bien común.

Ahora bien, el concepto propiamente de bien común no basta simplemente enunciarlo como de esta única naturaleza. Es necesario que exista una especie de consenso, un acuerdo de opiniones de que todos los hombres consideren aquello como una cosa perfectamente realizable y que generará un beneficio efectivo a toda la población. Un ejemplo de ello sería las medidas tomadas por el legislador para propiciar, fomentar y proporcionar una mejor educación pública. Posiblemente a las personas de edad madura éstas medidas no les afectarán directamente, pero el resultado de una política educativa nacional al conciliar los intereses privados y públicos de una restructuración educativa moderna, admitiría que realiza un beneficio general para todos.

Para poder darle un corolario a estas reflexiones sobre el bien común, baste el aseverar que ese beneficio generalizado debe propiciar o lograr la paz social; es decir una paz social real y verdadera, basada en la idea moral que está a su vez vinculada directamente con la idea de la ley natural o la realización de una verdadera justicia superior que se manifiesta a través de su expresión real. Jamás debe pensarse de aquellos que mediante el apoderamiento del poder obtienen a través de la legislación una conmutación en su beneficio por el otorgamiento de beneficios a grupos parcializados. Aquí, no están realizando el bien común, aún cuando aparentemente se realice una situación de paz momentánea o de coexistencia o convivencia. El bien común no consigue una paz parcializada o ventajosa para unos y para otros no; no hablamos de una paz de los romanos sustentada en la fuerza de las águilas, no en una paz Americana, Venezolana o Cubana, no una paz soviética, israelita o de AlQaeda; sino una paz verdadera, fundada en el ordenamiento universal sobre el principio de justicia y el acatamiento de la ley universal. Si el ordenamiento jurídico logra una verdadera y auténtica paz social, entonces sí, se está realizando el bien común.

 

Dra. María luisa Beltranena de Padilla
Guatemala, junio 2010


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